El anuncio del Gobierno de iniciar un proceso extraordinario de regularización masiva para extranjeros que ya residen en España ha generado una gran cantidad de reacciones, incluso antes de que el procedimiento comience. Los funcionarios anticipan que la «carga de trabajo será inmensa», ya que se prevé un «aluvión de solicitudes histórico». Esta medida es vista por miles de familias como una oportunidad para regularizar su situación tras años de residencia y trabajo en la economía española.
No obstante, junto a la expectativa social, ha surgido una creciente preocupación entre los profesionales del ámbito jurídico y administrativo sobre la capacidad real del sistema para gestionar, en un tiempo limitado, un volumen de solicitudes que podría ser sin precedentes.
La advertencia proviene no del ámbito político, sino de los propios funcionarios y de los despachos especializados en extranjería, quienes han comenzado a notar un aumento significativo en las consultas y una presión creciente sobre unos servicios administrativos que han estado operando al límite durante años.
Las oficinas de extranjería ya enfrentan «retrasos estructurales desde hace años». La dificultad para obtener citas, los plazos de resolución que se extienden durante meses y la falta de personal son problemas comunes denunciados tanto por los usuarios como por los funcionarios. En este contexto, la activación de un procedimiento extraordinario que concentre «cientos de miles de solicitudes en un corto período» ha encendido todas las alarmas.
Manejar un volumen tan alto de expedientes implica aumentar las plantillas, mejorar los sistemas informáticos y coordinar a las múltiples administraciones involucradas en el proceso, desde los ayuntamientos hasta los registros civiles.
La expectación generada por el anuncio del Gobierno ya se refleja en la rutina diaria de los despachos especializados. Muchos potenciales solicitantes buscan adelantarse, «conocer los requisitos y preparar la documentación con antelación», lo que ha llevado a un aumento significativo en las consultas.
El éxito de esta regularización masiva, más allá del interés político, «no dependerá únicamente del contenido de la norma que la regule, sino de la capacidad real de la Administración» para tramitar con agilidad, reforzar recursos y evitar un nuevo episodio de saturación .
