La Audiencia Nacional (AN) analizó un caso bastante llamativo, a una asesora de un cargo político le robaron el móvil en un local público. Dentro del teléfono había material muy sensible, fotos íntimas, datos bancarios, conversaciones privadas y documentos internos del partido relacionados con actividad parlamentaria. Tiempo después, alguien envió de forma anónima a un grupo de comunicación la tarjeta de memoria del móvil. Dos periodistas descargaron todo, revisaron los archivos e hicieron una copia completa. Al final, el presidente del grupo decidió no publicar nada y avisó al político, que accedió al contenido y se quedó con la tarjeta durante un tiempo sin informar a la propietaria, hasta que se la devolvió.
La cuestión se complicó más cuando esos periodistas entregaron una copia al acusado, que era comisario de policía y hacía labores de “inteligencia” (manejo de fuentes y captación de información). No tenía ninguna investigación asignada sobre ese partido ni sobre sus dirigentes, y además no informó a sus superiores. Según la sentencia, el comisario usó ese material y se lo pasó a periodistas de su confianza para que publicaran informaciones destinadas a desacreditar al partido y a su secretario general. Incluso después de jubilarse, esas publicaciones continuaron. En un registro en su domicilio, la policía encontró un disco duro y pendrives con información que coincidía con la de la tarjeta robada.
En el juicio, inicialmente se acusó también a los periodistas, pero los querellantes retiraron la acusación y los perdonaron, y el Fiscal también retiró los cargos contra ellos, así que el proceso siguió solo contra el comisario. La defensa intentó anular actuaciones por varias razones (competencia, cadena de custodia, autenticidad digital, etc.), pero la Sala lo rechazó. El tribunal dio por probado el origen del material (incluida la coincidencia de “hash”) y concluyó que hubo un delito de descubrimiento y revelación de secretos cometido por funcionario público (por aprovechar su cargo para acceder y difundir información privada sin autorización). Aunque se apreció la atenuante de dilaciones indebidas (pasaron unos 10 años), se le condenó a prisión, multa e inhabilitación, y a indemnizar a los querellantes, respondiendo el Estado de forma subsidiaria por ejercicio anormal de funciones públicas.
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